Al ser una discapacidad que no se ve, recibe muy poca atención de la sociedad y el Gobierno. En México sólo hay 40 intérpretes certificados de lengua de señas y la educación especial para ellos no es obligatoria
Cuando una persona invidente anda por la calle, su bastón y sus gafas oscuras, su perro lazarillo o sus ojos diferentes delatan su discapacidad. Quienes cruzan por su camino se quitan, lo ayudan a pasar o le ceden un asiento. Las personas sordas, en cambio, no tienen un síntoma visible de su discapacidad, por lo que nadie lo advierte hasta que les habla, y no saben cómo hacerlo porque casi nadie domina la lengua de señas. Esta incomunicación los aísla y orilla a convivir predominantemente con otros sordos, lo que genera entre ellos una cultura apartada del resto, con su propio idioma y sus propios códigos. Esto los vuelve invisibles en México, país que los inserta en el paquete de todas las discapacidades, tanto en atención y trato como en recursos para su educación.
En una ciudad como la de México, que se comunica con ruido –el timbre de la puerta, una campana para la basura, un grito para anunciar el reparto de gas, agua, pan, sirenas para las ambulancias y las patrullas, una alerta para los sismos- los sordos hacen muchas cosas como los oyentes: conducen aunque no puedan percibir los cláxones o el silbato de un policía; los que han aprendido a hablar usan el teléfono aunque no escuchen y se buscan el modo de notar lo que los demás escuchamos: luz para el timbre, tocar a las personas para llamarlas, leer los labios de los oyentes o sus notas, en el caso de los que aprendieron a leer y escribir, ya que a muchos no les enseñaron en su escuela. El más importante de sus problemas, coinciden todos, es la educación.
El panorama educativo para este sector de la población (alrededor de 700.000 personas, según el Instituto de Estadística) es desolador: en todo el país hay solo 40 intérpretes certificados en Lengua de Señas Mexicana (LSM), 11 ubicados en la capital. La mayoría de los que conocen este lenguaje son familiares de los sordos y la capacitación a los maestros para que aprendan a comunicarse con estos estudiantes no es obligatoria: el ministerio de Educación (SEP) se lo pide a las escuelas, pero si alguna no lo hace, no hay sanciones. Y como corolario, el presupuesto para Educación Especial va en caída.
El número de intérpretes certificados no ha crecido desde 2009, debido a un diferendo entre el Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) y el área de la SEP que certifica a los profesionales (Conocer). Una de ellos es Laura Álvarez, quien explica que el número exacto de intérpretes es incierto porque la mayoría de los que hablan LSM son las familias de los sordos y otros no reconocidos, que toman un curso y venden sus servicios pero no están certificados. “Los que se han profesionalizado no llegan a 100”, lamenta Laura.
La certificación es más que un simple papel. El problema con los intérpretes “piratas” es que pueden hacer interpretaciones erróneas no solo de situaciones cotidianas, sino también en un diagnóstico médico o un juicio con consecuencias graves, como fue en el caso de un joven sentenciado a 15 años de cárcel por violación, cuya intérprete de la oficina de abogados, no hablaba bien la lengua de señas.
Los recursos del Gobierno federal para la educación de las personas sordas tampoco han crecido sino al contrario. En los últimos siete años, el presupuesto para Educación Especial pasó de 70 a 60 millones de pesos (3,5 a 3 millones de dólares) pero el recorte no ha sido solo de 10, pues en 2010 había aumentado a 261 millones; en 2011 cayó hasta 192; en 2013 bajó a 87 millones y en 2015 llegó a su punto más bajo: 47 millones de pesos (2,3 millones de dólares), según cifras del Ministerio de Educación.
Otra parte importante del problema es que en México a los discapacitados se les arroja en un mismo grupo para todo: las mismas instituciones, los mismos maestros, los mismos recursos para todos los tipos de discapacidad. Incluso, ese austero presupuesto es para toda la educación especial, que incluye a discapacitados, niños con capacidades sobresalientes, indígenas o de otras culturas, que requieran alguna condición especial para estudiar.
“En los centros de atención múltiple de la SEP hay un solo maestro para todas las discapacidades, no hay un tratamiento particular para cada una”, dice Laura Álvarez, interpretando a un grupo de personas sordas de la organización civil Inclusor que hablaron con EL PAÍS sobre su problemática. “Los maestros no saben lengua de señas, por lo tanto no atienden a los niños sordos, atienden a los que pueden oír. Entonces el sordo enfrenta muchos problemas de comunicación, tiene un rezago educativo muy importante: los maestros siempre ven que el sordo no aprueba pero lo pasan de año para que ya se vaya de la escuela, ya no quieren ahí ese estorbo, que pase al siguiente año. Y no les importa la calidad de su educación”, denuncian.
Es por eso que muchas personas sordas adultas no saben leer y escribir bien. Se comunican con la lengua de señas pero si alguien les escribe un mensaje no pueden leerlo, pues en el colegio el maestro los aprobó para deshacerse de un problema, o porque sus padres pagaron por su cédula, según relata Victoria, quien tiene una familia completa con discapacidad auditiva: su esposo, dos de sus hijos y sus nietas son todos sordos. Otros, lamenta, abandonan la escuela ante la falta de atención a su condición.
Aunque las leyes de Educación y de Inclusión para personas con discapacidad señalan que el Estado debe otorgar educación de calidad y diferenciada a todos los estudiantes, no existe un castigo para la omisión: escuelas que no capaciten a sus maestros para enseñar a niños con discapacidad, maestros que no aprendan lengua de señas o que obliguen al niño sordo a “oralizarse” (esforzarse por hablar aunque no escuchen). Las únicas reglas que siguen las escuelas en esta materia, son las Normas de Control Escolar, que obligan a las escuelas a recibir en todo momento alumnos con discapacidad, pero no tienen carácter ni capacidad punitiva, de acuerdo con la SEP.
“Al ser solo una orientación, no es un documento normativo, las escuelas que lo quieran adoptar está bien, pero las que no, no están obligadas. Lo primero es profesionalizar a los docentes en lengua de señas mexicana y en la cultura, crear un entorno lingüístico que sea inclusivo para los niños sordos y promover ambientes de aprendizaje con orientación visual”, indica Tania Gallegos, responsable de Educación Especial en nivel básico del ministerio de Educación.
Los integrantes de Inclusor reconocen que existen pequeños brotes de apoyo y fomento a la cultura de los sordos en sitios dispersos, pero no una línea de acción gubernamental ni un criterio homogéneo. La Biblioteca Vasconcelos de la Ciudad de México tiene una sala de Lengua de Señas Mexicana (LSM); en la iglesia de San Hipólito se oficia misa de esta forma; algunos programas de televisión tienen intérprete; algunos museos dan visitas guiadas en LSM y en Jalisco hay un modelo educativo “ejemplar” por ser incluyente, de una asociación civil apoyada por el Gobierno local, “pero es el único en el país”, advierte Laura Álvarez. Cabos sueltos en lugar de una cultura de inclusión, que es lo que piden las personas sordas.
Fuente: https://elpais.com/internacional/2016/09/30/mexico/1475226460_365921.html
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